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Una máxima de la democracia y el estado de Derecho es que todos somos iguales ante la ley. Pero desde las propias instancias judiciales e retuerce a gusto esa premisa en interés del siempre poderoso don dinero. El último ejemplo, que es el que me lleva a golpear las letras del teclado, es el caso de los detenidos en la operación “Pretoria”, un flagrante caso de corrupción urbanística que se salda, por ahora con varios detenidos VIP como el alcalde de Santa Coloma y un par de altos cargos de Jordi Pujol.
La emisión de las imágenes por la televisión en las que aparecen estos presuntos ladrones de guante blanco esposados ha desatado indignación en unas instituciones tan representativas como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la consellería de Justicia. Consideran que aparecer esposados y con una bolsa de basura azul para sus pertenencias está muy mal y atenta contra la dignidad de los detenidos y con sorna apunta María Jesús Alegret presidenta de TSJC que no está prevista la pena del paseillo o la pena del telediario en el Código Penal.


